La Directiva Europea 2019/1937, conocida como directiva whistleblowing, obliga a los estados miembros a activar una serie de normas mínimas para que se habiliten opciones de denuncia a las empresas por parte de los empleados y de los consumidores.
En este mandato europeo, los denunciantes quedan protegidos frente a posibles represalias de instituciones públicas y privadas. En este sentido, los empleados deben ser los primeros en tener conocimiento de amenazas y perjuicios contrarios al interés público o individual.
Este canal de denuncias sirve, por tanto, para prevenir infracciones y promover el bien social. Desde el presente año 2022, los organismos públicos y entidades privadas están obligados a implantar cauces internos de comunicación que denuncien las irregularidades. Además, este tipo de denuncias pueden hacerse de forma anónima.
¿Cómo funciona el canal de denuncias?
El pasado 17 de diciembre de 2021 finalizó el periodo para que los países miembros de la UE transpusieran la directiva. España aún no ha cumplido con sus obligaciones, lo que lleva a una situación de mucha incertidumbre en las empresas.
En el sector público opera ya la nueva realidad, donde los ciudadanos pueden iniciar cauces para presentar denuncias de manera directa haciendo uso del canal habilitado para ello. Con las entidades del sector privado, no es posible todavía invocar la aplicación de la directiva mientras que esta no se haya transpuesto en el derecho nacional.
En cualquier caso, los canales de denuncias ya son una realidad en muchas empresas. La ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo incluye en su artículo 26 bis la posibilidad de establecer procedimientos internos para comunicar infracciones.
Otra ley que permite estas acciones es la 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En este caso, se trata de la regulación de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y la discriminación laboral hacia la mujer.
¿Cuáles son las denuncias más habituales que se presentan ante las empresas?
En la mayoría de casos, tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas, las comunicaciones que se reciben desde los canales de denuncias se refieren a infracciones de normas y controles internos de las organizaciones. O bien a conductas que pueden ser contrarias a los estándares éticos de las organizaciones.
Solo hay un bajo número de casos en los que estas denuncias hacen referencia a hechos delictivos. Y, cuando esto ocurre, guarda relación con prácticas corruptas, malas praxis financieras o situaciones relacionadas con el abuso en el entorno laboral.
Los casos vinculados al acoso sexual, que están legislados bajo la Ley Orgánica 3/2007, obligan a las empresas a tomar medidas específicas para encauzar las denuncias o reclamaciones por parte de las víctimas de acoso. Pero, es importante destacar que siempre se respeta la integridad y la privacidad de los denunciantes.
¿Cómo se canalizan estas denuncias?
Se habla de canal de denuncias porque existen medios suficientes para hacer llegar a la empresa y a los órganos directivos cuáles son las prácticas contrarias a las normas impuestas por la organización. Precisamente, estas acciones y prácticas son las que vulneran los derechos de los trabajadores o consumidores, así como la práctica de actos delictivos.
Las vías para presentar estas denuncias se pueden realizar a través de formato telemático mediante denuncias digitales. Al mismo tiempo, también se pueden presentar por línea telefónica, de forma presencial o mediante correo electrónico. El canal presencial tiene una desventaja enorme en comparación con otras alternativas, pues no hay anonimato y requiere de una gran cantidad de confianza entre ambas partes.
Para los empleados que se ven obligados a denunciar, por su situación de vulnerabilidad, tener que advertir públicamente que algo no se está realizando conforme a la legalidad, no es nada fácil. Por ello, se prefieren elegir otras vías de forma anónima.
Los canales de denuncias que ya son obligatorios en muchas organizaciones del sector público y privado ofrecen protección y confianza a los denunciantes. Nacen como respuesta a la transposición de la Directiva Europea 2019/1937.
En resumen, es una fórmula más para que las empresas ganen en transparencia y mejoren su calidad de imagen. No obstante, para que los canales sean efectivos, han de ser seguros y anónimos, conformes a la ley, fáciles de usar y confiables para los trabajadores. El objetivo es que sean una herramienta para impulsar la ética de las organizaciones.
